Se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro: alivio inmediato, pero el déficit sigue intacto
La reforma tributaria del Gobierno Petro quedó definitivamente archivada luego de que la ponencia positiva del proyecto de ley de financiamiento fuera rechazada en la Comisión Cuarta del Senado, con 4 votos a favor y 9 en contra. Al no obtener el aval de las cuatro comisiones económicas, la iniciativa no pudo avanzar en el Congreso.
¿Qué significa esto en la práctica?
Para 2026 no entrarán en vigor nuevos impuestos ni aumentos tributarios, incluyendo renta, dividendos, IVA, gravámenes al sector financiero o a los combustibles. Esto representa un alivio inmediato para hogares y empresas, que evitarán una mayor carga fiscal en el corto plazo.
Pero el problema fiscal sigue ahí.
Expertos advierten que el hundimiento de la reforma no resuelve el déficit fiscal, estimado en $16,3 billones, lo que obliga al Gobierno a buscar otras fuentes de financiamiento. Entre los posibles efectos de este escenario se destacan:
- Tasas de interés altas por más tiempo
- Créditos más costosos
- Menor inversión pública
- Impacto indirecto en empleo y actividad económica
Para las empresas, el archivo de la reforma aporta estabilidad tributaria, un factor clave en un contexto económico desafiante. Sin embargo, esa estabilidad podría verse contrarrestada por una reducción en la contratación pública, ante la menor disponibilidad de recursos del Estado.
Gobierno activa emergencia económica tras hundirse la ley de financiamiento
¿Qué pasó?
Mediante el Decreto 1390 del 2025, el Gobierno declaró el estado de emergencia económica por un término de 30 días, contados a partir del 22 de diciembre, tras la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento destinada a cubrir el faltante del Presupuesto General de la Nación para 2026.
¿Por qué se tomó esta decisión?
Según el Ministerio de Hacienda, no hay precedente en los últimos 30 años en el que el Congreso haya aprobado un presupuesto y, meses después, rechazado la ley que lo financiaba. Esto dejó un hueco fiscal sin herramientas ordinarias para cubrirlo, lo que, afirma el Gobierno, pone en riesgo derechos fundamentales y servicios públicos esenciales.
Los argumentos clave del Gobierno
El decreto que declara la emergencia identifica ocho hechos graves e inminentes, entre ellos:
- Cumplimiento obligatorio de decisiones de la Corte Constitucional sobre la UPC en salud.
- Deterioro del orden público y necesidad de garantizar la seguridad ciudadana.
- Hundimiento de dos proyectos de ley de financiamiento.
- Impactos fiscales de la ola invernal.
- Sentencias judiciales pendientes de pago.
- Obligaciones atrasadas como subsidios de energía y combustibles, y vigencias futuras.
- Límites al endeudamiento por la regla fiscal y factores externos.
- Restricciones severas en la caja de la Tesorería General de la Nación.
Además, el Gobierno señaló que no es viable un recorte fuerte del gasto, ya que más del 93% del presupuesto corresponde a erogaciones obligatorias, como gasto social, transferencias territoriales y sentencias judiciales.
¿Qué viene ahora?
Durante la emergencia, el Ejecutivo podrá expedir decretos legislativos para obtener los recursos necesarios. El Congreso fue convocado para ejercer control político una vez finalice el estado de excepción.
